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La licitación es un sistema de contratación formal y competitivo en el que se solicitan, reciben y revisan ofertas para la compra de productos, obras o servicios, y el contrato se adjudica al licitador que ofrece la propuesta más favorable. La licitación puede ser abierta al público o cerrada. La licitación internacional ha demostrado ser el método más eficiente y transparente para la adquisición de productos básicos, obras y servicios asociados para el sector público.
La licitación pública es un método administrativo de preparación de la voluntad contractual en el que una institución pública, en el ejercicio de su función administrativa, invita a los interesados a crear ofertas, que luego selecciona y acepta según los criterios establecidos.
Es un método compuesto por los actos y hechos de la administración, así como por los actos y hechos del licitador, que confluyen para producir la voluntad contractual. En efecto, la subasta no es el contrato público que celebra la Administración; el contrato surge de la licitación, ya sea de suministros, de obras públicas, de concesión de servicios públicos o de cualquier otra cosa.
Las licitaciones son conocidas por su severidad y formalidad. Todo ordenamiento jurídico establece una serie de trámites, formalidades, fases y procesos que deben seguirse antes de la emisión del contrato administrativo, en mayor o menor medida.
El incumplimiento de tales preceptos, ya sean legales, reglamentarios o de otro tipo, anula el testamento al no haber sido redactado conforme al ordenamiento normativo. En consecuencia, la legitimidad y la eficacia de los contratos administrativos dependen de las formalidades exigidas por la normativa vigente, por lo que es fundamental analizar adecuadamente la normativa antes de iniciar un proceso de licitación. El objetivo del rigor y la formalidad es garantizar la igualdad de trato de las ofertas y la transparencia de las decisiones administrativas.
El formalismo está presente en toda la ejecución del contrato, desde las fases de planificación hasta la emisión de la voluntad administrativa. La exteriorización de la voluntad debe realizarse a través de un mecanismo único conocido como licitación, que incluye la elaboración de la voluntad, la selección, la adjudicación y el posterior perfeccionamiento del vínculo contractual.
Hoy en día, la simulación 3D es un método muy popular para recrear componentes de la realidad con el fin de realizar las modificaciones necesarias. Este procedimiento permite recopilar información vital, que posteriormente se traslada a la realidad.
Aunque la tecnología de la Simulación 3D y la Animación 3D existe desde la década de los 60s-70s, el uso de la Simulación 3D se ha popularizado recientemente.
Son numerosos los objetivos o fines que se pretenden alcanzar a través de este sistema de selección, y cada ley hace hincapié en uno u otro en mayor o menor medida. En conclusión, podemos decir que son los siguientes:
El objetivo de la competencia es garantizar la participación del mayor número de licitadores elegibles, permitiendo a la administración adquirir las mejores condiciones de mercado posibles. Sólo cuando existe una verdadera competencia puede la administración adquirir las mejores condiciones para el bien público.
La lógica básica es que cuanta más competencia haya, más probable será que el contrato se adjudique a la empresa que ofrezca las mejores condiciones económicas. A diferencia de lo anterior, la entidad pública licitadora estará obligada a adjudicar el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta, independientemente de otros criterios o variables de adjudicación más subjetivos. Es fundamental que el contrato adjudicado sea de interés para los licitadores y económicamente aceptable para ellos para que este valor se realice.
Los participantes deben recibir un trato igualitario para que la competencia sea efectiva. Este concepto implica evitar cualquier tipo de favoritismo o prejuicio que beneficie o perjudique a unos en detrimento de otros.
La igualdad de acceso a la contratación pública es un objetivo legislativo que se establece en las constituciones de la mayoría de los países. Cuando hay que cumplir algunas normas subjetivas para participar en el proceso de licitación, este valor puede tener obvias excepciones. Sin embargo, en este escenario no se vulnera la igualdad, ya que hay que recordar que se trata de una igualdad entre iguales.
Las excepciones aparentes surgen sobre todo en el caso de las licitaciones que tienen características muy específicas y que sólo pueden ser realizadas por personas con determinadas capacidades. Podemos utilizar como ejemplo el procedimiento de licitación para la prestación de servicios de defensa penal, en el que sólo pueden participar personas que tengan la condición de abogados habilitados para el ejercicio de la abogacía. Obviamente, otros expertos no podrían participar en un proceso de licitación de este tipo, ya que sólo los abogados están autorizados a ofrecer servicios de defensa en virtud de las limitaciones constitucionales o legales.
La publicidad y la apertura del proceso de licitación son elementos críticos del proceso, que deben estar presentes durante todo el proceso de selección e incluso durante la ejecución del contrato. La publicidad es una necesidad para la licitación pública, pero también garantiza que tanto los interesados como la administración estén informados. Se garantiza a los interesados la voluntad de la entidad pública de celebrar un determinado contrato, las normas de participación en el método de selección, los criterios que se utilizarán para la selección y las disposiciones del futuro contrato. Por su parte, garantiza que la administración podrá contratar con el mejor postor, ya que implica un mayor número de ofertas. Además, legitima el proceso y elimina la posibilidad de escrutinio o cuestionamiento por parte del público o de otros organismos gubernamentales.
Antes de la licitación, es fundamental que todos los contratistas tengan acceso a la información sobre el plan de la entidad pública de convocar una licitación. Dicho de otro modo, toda entidad gubernamental debe poner a disposición del público información sobre el tipo de contratación que suele realizar, sus necesidades frecuentes y, lo que es más importante, su deseo de llevar a cabo un proyecto a gran escala y en qué condiciones.
La publicidad de una licitación exige que el máximo número de interesados tenga conocimiento de la solicitud de ofertas de la administración, por lo que se requiere una amplia difusión. Por otra parte, da seguridad a los posibles licitadores, ya que debe garantizarse que todos los interesados tengan acceso a la información necesaria para presentar ofertas. En consecuencia, deben tener acceso a los materiales de licitación, así como a cualquier actualización, aclaración y otra información que se facilite a petición de cualquier interesado.
Este valor requiere que el procedimiento de selección se desarrolle de manera pública, es decir, que los interesados y el público en general tengan acceso a conocer la etapa que se está desarrollando, que puedan participar en las actividades que genera el proceso, que puedan asistir a la apertura de las ofertas, etc. En el caso de los emprendimientos de gran envergadura, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Debe ser posible ofrecer información sobre la historia y el alcance del proyecto.
La publicidad sigue siendo importante en la fase de ejecución del contrato. Deben establecerse mecanismos que permitan no sólo a la autoridad, sino también a la comunidad, controlar la situación. Por ello, las actas de inspección deben estar a disposición de todos los interesados.
La transparencia se consigue mediante un conjunto de normas establecidas por muchos ordenamientos jurídicos, una de las cuales es la publicación de información a través de diversos medios de comunicación y distribución, tanto a nivel mundial como nacional y local. Aunque no es el único medio reconocido, la publicación en un periódico o revista es la técnica más típica para realizar el anuncio. A la hora de determinar qué debe promocionarse, hay que acudir a la legislación específica. Así, en algunos países se debe dar publicidad a la voluntad de contratar, a la propia convocatoria y al acto de adjudicación del contrato, pero en otros se debe publicar el pliego de condiciones, así como las modificaciones que se realicen.
El comportamiento económico-financiero de la administración sólo puede ser controlado por la sociedad, los licitadores y los propios órganos del Estado si la publicidad es efectiva. El control legitima la labor del poder público, lo cual es vital ya que la administración tiene un poder basado en la delegación ciudadana, por lo que es fundamental que la comunidad legitime sus actividades.
En primer lugar, el reglamento del sistema de selección debe ser claro y comprensible. Los procedimientos, fases y legalidades del proceso deben ser accesibles para los licitadores y el público en general. El procedimiento debe ser lo más sencillo posible y lo menos llamativo.
La legislación local, por su parte, debe ofrecer mecanismos que permitan una amplia discusión de los conflictos y que permitan a los licitadores cuestionar los actos de la administración o de terceros, así como defenderse de los que se realicen contra ellos, para que exista el debido proceso.
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